En una reciente decisión, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha reiterado la validez del cobro de servicios de aseo urbano por parte de las alcaldías, la confirmación llega tras el rechazo de una apelación contra una sentencia previa que desestimaba un recurso contencioso tributario, presentado junto con un amparo cautelar, interpuesto por la empresa Fospuca por incumplimiento de pagos.
La sentencia en cuestión, marcada con el número 209 y fechada el 2 de mayo, ha sido declarada “firme” por la Sala, al no ser apelada por la empresa recurrente y no perjudicar los intereses fiscales del municipio. La decisión subraya la improcedencia de la solicitud de desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ordenanza de Tarifas para el aseo urbano y domiciliario del municipio Baruta.
Además, la Sala desestimó una apelación de Surnet Telecom, C.A. contra una sentencia definitiva que confirmaba, salvo en lo referente a las costas procesales, la legalidad de las acciones del fisco municipal.
La ONG Acceso a la Justicia ha interpretado la imposición de la multa como una consecuencia legal del incumplimiento de obligaciones tributarias, enfatizando la responsabilidad colectiva en el mantenimiento de la higiene y la salud pública.
La sentencia también reconoce la autoridad de las alcaldías para adoptar medidas que aseguren la continuidad del servicio de aseo. Sin embargo, Surnet Telecom alegó que su incumplimiento se debió a un bloqueo “arbitrario” por parte de la Administración Tributaria Municipal, lo que les impedía acceder al portal de declaración de impuestos municipales.
La situación ha generado preocupación en Acceso a la Justicia, que advierte sobre el riesgo de interpretaciones excesivas de la potestad municipal, que podrían llevar a medidas como el bloqueo de pagos de impuestos por servicios no abonados, una práctica que podría extenderse a nivel nacional y resultar en una indefensión generalizada.
El conflicto con Fospuca no es reciente. A finales del año pasado, la Asamblea de Ciudadanos de Caroní denunció que la empresa había emitido más de 70 demandas de embargo a comercios locales. La protesta ciudadana ha escalado hasta manifestaciones frente al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, exigiendo el fin del bloqueo fiscal y una revisión en el cálculo de las tarifas, que han sido calificadas de exorbitantes y que varían entre 50 y 2 mil dólares.
La controversia se agrava con acusaciones de que Fospuca actúa con autoridad municipal y establece tarifas basadas en la extensión del espacio comercial en lugar de la cantidad de desechos generados. Esta metodología ha convertido al servicio de aseo en uno de los más costosos de Venezuela, con tarifas calculadas en petros, la criptomoneda gubernamental cuyo valor fluctúa con el dólar diario publicado por el Banco Central de Venezuela. La comunidad espera que estas disputas se resuelvan de manera justa y equitativa, restableciendo la armonía y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Con información de Tal Cual
