La situación política en Venezuela a menudo distrae a los ciudadanos con la retórica mediática del régimen, impidiéndoles tener una visión completa de la realidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más evidente que el Acuerdo de Barbados va más allá del levantamiento de sanciones y se convierte en un punto de inflexión para el país.
Si bien la economía es crucial para nuestra supervivencia, la atención de la población se centra más en el aspecto económico del acuerdo que en el aspecto electoral, que es el más importante a corto, mediano y largo plazo. Incluso si se levantan todas las sanciones, la corrupción, la burocracia y la ineficiencia seguirán socavando nuestra dignidad. Sin embargo, el acuerdo electoral abre la posibilidad de empoderar a la sociedad para lograr un cambio de liderazgo político en 2024.
Las luchas sociales históricas, como el sufragio femenino, los derechos civiles y la resistencia contra el apartheid, nos han dejado valiosas lecciones: la ruptura de sistemas opresivos, la importancia de la participación ciudadana, la persistencia, la unidad en la diversidad, el civismo, la participación no violenta, la restauración de las instituciones y la exigencia de reparación para las víctimas, entre muchas otras. Estas lecciones deben seguir inspirando la formulación de demandas sociales hacia las instituciones públicas, con la suficiente fuerza como para lograr una distribución más equitativa e independiente del poder político y sus representantes.
La democracia, siendo frágil por naturaleza, debe ser protegida y cuidada. La historia nos ha enseñado que los derechos políticos pueden ganarse, pero también pueden perderse si no se les presta atención o se dejan en manos de terceros. Cada venezolano lleva consigo una carga moral que afecta su bienestar más allá de lo económico: la tolerancia hacia la corrupción y la existencia de víctimas de violencia estatal. Para avanzar como sociedad, debemos saldar estas deudas exigiendo seriedad, compromiso, observación, vigilancia, divulgación y transparencia en los procesos electorales de 2024. Nuestra responsabilidad implica estar bien informados, afirmar nuestro derecho a la autoorganización y hacer valer las demandas ciudadanas ante el Estado, para fomentar el empoderamiento cívico-social necesario que impulsará el cambio de liderazgo que tanto anhelamos.
La transición ya ha comenzado este año en nuestros hogares, cuando anhelamos recuperar nuestro poder adquisitivo para alimentarnos con dignidad; en nuestras comunidades, cuando nos unimos para resolver problemas comunes que el gobierno ha dejado de atender; en las plazas, donde escuchamos y conversamos con amigos y conocidos sobre las mentiras que intentan hacernos creer; en las universidades, que están eligiendo nuevas autoridades; en la sociedad civil, que se cohesiona y se organiza para promover y elegir nuevos líderes; en los gremios, que continúan luchando por liberarse de la esclavitud salarial; en varios movimientos y partidos políticos que han abandonado su línea retrograda, populista y socialista. La transición ya está en marcha, ahora solo falta que nuestras luchas diarias se vean reflejadas en las instituciones del Estado.
La lucha por los derechos fundamentales no es exclusiva de un grupo, organización, país o región. Las luchas sociales son fenómenos globales en los que la solidaridad y el reconocimiento internacional desempeñan un papel crucial para abordar los problemas sistémicos generados por los Estados y que buscan solucionarse a través de acuerdos.
El Acuerdo de Barbados, especialmente en su vertiente electoral, se establece para medir la “buena voluntad”, “credibilidad” o “sensatez” del gobierno, así como la coherencia y consistencia de la oposición. Una vez que las piezas necesarias se muevan o se intercambien, el resultado debería ser la realización de elecciones justas, transparentes e inclusivas.
Es imperativo que las élites políticas y empresariales que se benefician del régimen comprendan que el incumplimiento de los dos Acuerdos de Barbados, la postulación masiva de candidatos y la falta de transparencia en el Consejo Nacional Electoral no solo desencadenarán una turbulencia política improductiva, sino que también estancarán las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico, y muy probablemente intensificarán los mecanismos de bloqueo, sanción y vigilancia internacional sobre el Estado y sus administradores.
En resumen, el Acuerdo de Barbados representa una oportunidad para la reconstrucción y el progreso de Venezuela. Los ciudadanos tenemos el poder de exigir la implementación de este acuerdo, asegurando así un futuro más prometedor que honre la vida y la memoria de aquellos que sufren injustamente las consecuencias de una mala gobernanza y el abuso de poder.
Fuente X: @lidismendez369 / @visionvenezuela
