Este viernes la justicia de Perú alcanzó al hermano y al abogado de la presidenta Dina Boluarte, arrastrándolo hacia una trama de sobornos que tejía hilos invisibles entre funcionarios y favores, entre cargos y dádivas económicas.
Nicanor Boluarte Zegarra, el hermano mayor de la mandataria, fue aprehendido en su apartamento en el este de Lima. La fiscalía lo señala como el cerebro detrás de una red de corrupción que, con la destreza de un titiritero, designaba prefectos y subprefectos a cambio de favores monetarios.
Estos funcionarios, piezas clave en el engranaje gubernamental, eran nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Pero su lealtad no residía en la patria, sino en las cuentas bancarias y los oscuros pactos que tejían tras bambalinas.
Desde sus cargos, estos representantes del gobierno capturaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político: Ciudadanos por el Perú. Nicanor Boluarte, con 64 años a cuestas, soñaba con liderar esta agrupación. La organización, como un virus oportunista, germinó apenas Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre.
El poder de facto que le otorgó su hermana se convirtió en su herramienta para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
Pero el abogado Mateo Castañeda también estaba en la mira. Representante legal de la mandataria, su papel en la trama era más sutil. Presuntamente, cumplía el rol de “operador legal”, deslizándose entre las sombras para lubricar los engranajes de la corrupción. Y así, en distintos operativos desplegados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín, las esposas de la justicia atraparon a seis personas más.
Veintiséis inmuebles fueron allanados, revelando los secretos que se escondían tras las fachadas de la impunidad.
Dina Boluarte, bajo el peso de las sospechas, enfrenta un nuevo escándalo. El Rolexgate, los relojes de lujo no declarados en su lista de bienes, la acechan.
También la represión de las protestas que estallaron tras su investidura. En las calles, 50 almas se desvanecieron presuntamente a manos de policías y militares. La investigación por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” la persigue desde enero de 2023. Sin embargo, la Constitución le concede un respiro: solo al final de su mandato, en julio de 2026, podría enfrentar un juicio.
Mientras tanto, el poder se tambalea, y la sombra de la corrupción se alarga sobre el Palacio de Gobierno.
Con información de CNN
