La fiscalía de Chile dio a conocer la noche de este viernes que el cuerpo que había sido hallado por la tarde en una barriada informal del municipio de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile, corresponde al de Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, un exmilitar venezolano, opositor al régimen de Nicolás Maduro, que fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero, hace 10 días.
La data de muerte aproximada señalada por las autoridades de ese país es entre siete y 10 días, coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro.
El fiscal Héctor Barros, quien coordina en Santiago de Chile al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, antes de confirmar el hallazgo de los restos de Ojeda se refirió al cadáver encontrado y dijo que en horas de la tarde se logró encontrar un cuerpo sepultado, al interior de una maleta, bajo una estructura de cemento. “Se está determinando quién sería la víctima de ese hecho”, dijo el investigador, sin referirse todavía a la identificación.
De acuerdo a la información que se maneja, Ojeda fue raptado por cuatro sujetos, con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), de su departamento de la comuna de Independencia, en Santiago de Chile.
El secuestro de Ojeda, que estaba en Chile desde 2018 y tenía la calidad de refugiado, ha provocado impacto en Chile, porque se produce en medio de una inédita crisis de seguridad. Es un país en el que este tipo de delitos comenzaron a aumentar a partir de 2022.
El caso del exteniente venezolano ha sido distinto a los secuestros que han ocurrido en este período, del tipo extorsivo, porque sus captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia. Por ello, el móvil del crimen es una incógnita hasta ahora.
Poco antes de confirmar la identificación de Ojeda, el fiscal Barros había catalogado los hechos como “una operación compleja vinculada al crimen organizado” y, al mismo tiempo, informó la detención de un ciudadano venezolano de 17 años “que se encuentra de manera irregular en el país”.
Dijo que existen nuevas órdenes de detención pendientes de ejecutar, que afectarían a otros involucrados, y que se han emprendido allanamientos en diferentes zonas de la capital chilena en búsqueda de evidencias y para concretar los apresamientos. La fiscalía comenzó a estrechar el cerco hacia los secuestradores.
La denuncia del secuestro en Chile del venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno fue reportada por su familia primero a Carabineros y luego a la PDI. Ocurrió a las 3.15 de la madrugada del miércoles 21 de febrero, en un edificio en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago. De acuerdo con el vídeo de las cámaras de seguridad, los tres sujetos vestidos como policías chilenos, con supuestos chalecos antibalas, cascos oscuros y los rostros tapados, llegaron hasta su departamento en el piso 14 y se lo llevaron. Un cuarto se quedó con el conserje. Ojeda iba descalzo, maniatado y solo con su ropa interior. En el estacionamiento se ve un automóvil color gris con una baliza color azul.
Un modus operandi
La forma de ocultar el cadáver bajo cemento ya había sido detectada por otro fiscal, Mario Carrera, jefe regional de Arica, en el extremo norte de Chile, cuando confirmó en junio de 2023 que dos hombres fueron sepultados de la misma manera en el sector de Cerro Chuño.
Carrera imputó este doble crimen a miembros del clan Los Gallegos, un grupo considerado como brazo operativo de la organización venezolana el Tren de Aragua, que opera desde hace aproximadamente tres años en distintas regiones de Chile.
En enero pasado, el equipo de Barros encontró dos casas de torturas, en el municipio de Maipú, donde miembros del Tren de Aragua mantenían cautivos a ciudadanos colombianos. En noviembre de 2023, Barros también resolvió el secuestro, ocurrido en abril, del líder de una banda de motochorros venezolanos, cautivo por cuatro días, que robaba teléfonos móviles en la zona oriente de Santiago, la más acomodada de la ciudad. Por su liberación se pagaron 120.000 dólares que fueron entregados, según estableció el Ministerio Público, en Venezuela. Todavía se investiga la forma en que se concretó el pago.
Con información de El País
