El proyecto de la Ley Especial de Protección de Pensiones estipula que las compañías deben aportar hasta un 15% de su nómina total (salarios más bonificaciones) mensualmente al fondo de pensiones. Este porcentaje no debe calcularse sobre una base menor a un salario total indexado de 130 dólares al mes.
Cualquier entidad con operaciones económicas en Venezuela, sin importar la ubicación de su domicilio fiscal, está obligada a realizar esta contribución. Además, el Presidente de la República tiene la facultad de modificar anualmente este porcentaje de contribución, pudiendo variar según el sector económico.
El límite máximo de la contribución es del 15% de la nómina total, lo que implica que existe la posibilidad de negociación para establecer una tasa más asequible. El artículo 8 del proyecto también permite que el Presidente exima a ciertas empresas de esta obligación si pertenecen a categorías específicas que son estratégicas para la inversión extranjera y el desarrollo nacional, siempre y cuando se cumplan ciertos términos y condiciones.
El pago de esta contribución es mensual y puede deducirse del cálculo del Impuesto sobre la Renta, siendo independiente de las contribuciones regulares al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
En un encuentro previo a la presentación del proyecto de ley ante el parlamento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros miembros del gabinete económico discutieron el proyecto con representantes empresariales, liderados por Fedecámaras. Se acordó que la base de cálculo sería el costo de la nómina empresarial, y se espera que los empresarios sean invitados a consultas para proponer ajustes adicionales.
Rodríguez expresó en la Asamblea Nacional que el gobierno asume el 99% del costo de la seguridad social, eficiencia que ha disminuido debido a la crisis económica y las sanciones a la industria petrolera por parte de Estados Unidos. Hizo un llamado emotivo a los empresarios para que contribuyan a mejorar la situación de los mayores afectados por el bloqueo.
En Venezuela, existen 5.5 millones de pensionados y jubilados, lo que representa el 100% de la población de tercera edad.
Durante el debate parlamentario, el diputado Luis Eduardo Martínez sugirió que los fondos recuperados de la corrupción en la trama “PDVSA-Cripto” se destinen al fondo de pensiones. Por otro lado, el economista José Guerra criticó la contribución como un impuesto elevado que podría repercutir en los precios al consumidor. Según Banca y Negocios, la tasa de contribución es un punto de preocupación para los gremios empresariales.
LNT/BN
