El mandatario Nicolás Maduro designó este martes 11 de junio al diputado a la Asamblea Nacional 2020 Julio García Zerpa como ministro de Servicio Penitenciario, en sustitución de la vicealmirante Celsa Bautista.
A través de sus redes sociales, Maduro explicó que la designación de García Zerpa se orienta a continuar impulsando un sistema penitenciario que esté adaptado «a los nuevos tiempos» y que sea estable, seguro y donde además se respeten los derechos humanos.
Zerpa fue diputado y primer vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
El nombramiento de García Zerpa se produce en medio de una huelga de hambre iniciada este domingo 9 de junio en al menos 15 cárceles del país. Desde que se prudujeron los sucesos, ninguna de las autoridades, incluida la vicealmirante, se han pronunciado.
«Tenemos un problema grave de retardo procesal, de garantías judiciales, de hacinamiento, de salud, corrupción; tenemos un problema grave de alimentación y tráfico de armas y de drogas», dijo a EFE Humberto Prado, director del OVP.
Por otro lado, durante la gestión de Bautista se dio la operación Gran Cacique Guaicaipuro, en la que los cuerpos de seguridad intervinieron varios penales del país, iniciando por Tocorón, para «disolver» a grupos criminales como el Tren de Aragua.
Presos de varias cárceles del país iniciaron el domingo 9 de junio una huelga de hambre pacífica en reclamo a traslados inconsultos y arbitrarios y al retardo procesal de sus causas, según divulgó el Observatorio Venezolano de Prisiones, que publicó videos de privados de libertad del Centro Penitenciario de Coro, estado Falcón, cantando el himno nacional para anunciar el inicio de la protesta.
También las detenidas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la única cárcel para mujeres en Venezuela, se sumaron a la huelga.
Los traslados han sido comunes en el último año debido a que se han llevado a cabo diversas intervenciones en centros penitenciarios en el marco de la denominada «Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro», mediante la cual se intervinieron las cárceles de Vista Hermosa, Trujillo, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica.
Esta situación dio origen a la necesidad de desalojar los recintos y redistribuir a más de 8.000 privados de libertad a otros centros penitenciarios.
Fuente: Tal Cual
