La Cámara Baja de Rusia aprobó un anteproyecto de ley que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano tanto en los documentos de identidad, una decisión que el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, calificó como una medida para proteger de la “degeneración” a niños y adultos.
La ley fue adoptada por la unanimidad de los 386 diputados presentes en la sesión plenaria, en lo que ha sido la tercera y última lectura de esta norma, que ahora pasará al Senado.
El presidente del organismo, Viacheslav Volodin, consideró en un mensaje difundido por Telegram, que los cambios de sexo conducen a la “degeneración de la nación”. “Para nosotros, esto es inaceptable”, añadió.
Volodin citó la estadística estadounidense y señaló que en el país norteamericano el número de cirugías realizadas para la transición de género ha aumentado 50 veces durante los últimos 10 años.
De acuerdo con las cifras citadas, en 2022 había más de 1,6 millones de transgéneros en EE.UU., entre ellos 1,3 millones de adultos y 340.000 adolescentes. En su opinión, se trata de “una tendencia terrible” que conduce a «la degeneración de la nación”.
Por su parte, el viceministro de Sanidad, Oleg Salagái, estimó en junio en 996 el número de solicitudes para cambio de sexo en 2022 para todo el país.
El anteproyecto prohíbe intervenciones quirúrgicas, terapia hormonal y otros procedimientos médicos que se utilizan para formar características sexuales primarias o secundarias de otro género. Además, prohíbe registrar un cambio de sexo de forma documental.
La iniciativa no afectará procedimientos médicos relacionados con el tratamiento de anomalías congénitas o malformaciones, enfermedades genéticas o endocrinas que provocan la deformación de órganos genitales.
De acuerdo con los cambios en la legislación aprobados, los matrimonios con personas que se hayan sometido a un cambio de sexo se anularán. Además, al individuo se le prohibirá adoptar niños.
No obstante, la aprobación de la normativa ha provocado alarma en la comunidad transexual, que ha calificado la medida como “discriminatoria”.
Fuente: El País