En España, el Consejo de Ministros aprobó en el contexto del Día Internacional de la Mujer, un anteproyecto de ley integral contra la trata de personas, que impedirá que las víctimas, particularmente las provenientes de Latinoamérica, que caen en redes de explotación sexual o laboral, no sean expulsadas.
Estas personas ahora podrán contar con una serie de medidas de protección, entre ellas se les otorgarán permisos provisionales de residencia y trabajo, así como ayudas sociales sin la necesidad de que denuncien el delito del que fueron víctimas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta ley tiene como objetivo abordar de manera integral todos los tipos de trata, ya sea laboral, sexual, matrimonios forzosos o el comercio de órganos.
Esta normativa no busca castigar a las víctimas, sino brindarles apoyo y protección, es por ello que se les otorgará acceso al ingreso mínimo vital, se considerarán como colectivo prioritario para optar a viviendas públicas, se les brindará asistencia legal y se les indemnizará con los bienes decomisados a las mafias y redes de trata.
Muchas de las víctimas viven con miedo y angustia, lo que dificulta que denuncien su situación ante las autoridades. Con esta ley, se busca garantizar su seguridad y brindarles el apoyo necesario.
Precedentes
En España, los casos de personas captadas en países de América Latina, especialmente mujeres en situación vulnerable de Colombia y Venezuela, que son víctimas de explotación sexual y laboral son frecuentes. Por ello, esta ley es un importante avance en la protección de los derechos de estas personas.
Recientemente, la policía española desarticuló una red criminal que se dedicaba a la trata de mujeres venezolanas y colombianas. Esta red combinaba la trata sexual con el tráfico de drogas, engañando a las víctimas con falsas propuestas de trabajo en ocio nocturno o atención domiciliaria. En la operación se detuvieron a 11 personas y se incautaron grandes cantidades de drogas y dinero.
La investigación reveló que las víctimas eran captadas en Venezuela y Colombia, y se les pagaba el pasaje de avión y se les prestaba dinero para justificar solvencia en los controles fronterizos. Sin embargo, estas acciones generaban una deuda con la organización, y la líder de la red amenazaba a las víctimas con hacer daño a sus familiares si no cumplían con lo solicitado.
Los detenidos están acusados de trata de seres humanos, delitos relacionados con la prostitución, contra los derechos de los extranjeros, trabajadores y la salud pública, así como pertenencia a grupo criminal.
Con información de EFE
