La Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente, Rodrigo Chaves, y varios miembros de su gobierno, por el supuesto delito de tráfico de influencias al inmiscuirse en el proceso judicial del divorcio del empresario Leonel Baruch, que es quien presentó la denuncia.
Baruch denuncia que su exesposa, Yafit Ohana, se vio beneficiada en la disputa legal entre ambos por la custodia de sus hijos gracias a la intervención de Chaves y otros miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca.
El empresario sostiene que Ohana habría recibido un trato de favor al participar en un video para redes sociales que fue utilizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para acusarle falsamente de evasión fiscal, informa el diario costarricense “The Tico Times”.
La acusación afirma que se habría presionado en un primer momento a la que fuera ministra de la Niñez, Gloriana López, para que fallara a favor de Ohana en la disputa de custodia de los menores, que se encontraba bajo supervisión del Organismo Nacional de Bienestar Infantil, y posteriormente sobre Caravaca.
El tráfico de influencia está penado con entre dos y cinco años de cárcel, si bien podrían ser aumentadas hasta en un tercio más en caso de que fueran funcionarios públicos quienes incurran en este delito.
Se trata de la segunda causa que tiene abierta el presidente costarricense, después de que la Fiscalía abriera otra investigación a mediados de julio por supuesto abuso de poder.
LNT / EuropaPress
