El activista venezolano Lorent Saleh ganó una demanda contra el Estado colombiano, 10 años después de haber sido expulsado de Colombia por la Administración de Juan Manuel Santos en mayo de 2014 y entregado al régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con medios colombianos, el escrito judicial indica que Saleh logró que se determinara que se presentaron graves irregularidades en el trámite de su expulsión que violaron sus derechos de protección y defensa.
El juzgado 58 administrativo de Bogotá emitió una sentencia el 22 de enero de 2024 en la que determinó que en el procedimiento se le impidió a Saleh ejercer su derecho a tener un abogado en el proceso, lo que le generó graves perjuicios.
De acuerdo con el fallo, se omitió su compleja situación de vulnerabilidad si regresaba a Venezuela, donde enfrentaba amenazas, instigaciones y persecuciones por parte del Estado.
La demanda, presentada por el abogado Víctor Mosquera Marín, detalló que Saleh, como director de la Organización Operación Libertad, fue víctima de amenazas y persecuciones por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, lo que lo forzó a salir de su país natal en busca de protección.
Responsabilidad del Estado colombiano
La sentencia del juzgado 58 administrativo de Bogotá condenó a Migración Colombia a pagar una indemnización al activista y a su madre, Yamilé Saleh Rojas, por los daños causados debido a las múltiples irregularidades presentadas en su proceso de expulsión.
La decisión del fallo ha sido aplaudida por defensores de derechos humanos y activistas en Colombia y Venezuela.
El juzgado además condenó a Migración y responsabilizó al Estado de Colombia por haber detenido a Saleh y luego entregarlo a Nicolás Maduro.
En la resolución, se lee que se declara “patrimonial y extracontractualmente responsable a la unidad especial de Migración por los daños causados”.
Además, ordenaron reparar con 33.236 dólares a Saleh, y a su madre con 16.618 dólares, ambos por daños y perjuicios.
Deportación de Lorent Saleh
El 3 de septiembre de 2014, Saleh fue interceptado por sujetos que se identificaron como agentes de la Policía Nacional de Colombia, quienes lo detuvieron sin mayores explicaciones.
Minutos después lo trasladaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá, desde donde lo deportaron con prohibición de entrada al país vecino durante una década.
El activista fue entregado al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela para ser trasladado a la Tumba, donde permaneció encarcelado por dos años y dos meses. Posteriormente fue enviado al Helicoide, donde estuvo otros dos años antes de ser liberado en 2018 y enviado al exilio en España.
Demanda del activista
En abril del año 2021, Saleh presentó una demanda en contra del Estado colombiano por la afectación que le generó la decisión del expresidente Santos de expulsarlo del país y, según su defensa, entregarlo a personas que lo torturaron.
El gobierno de Santos argumentó que el venezolano pertenecía al movimiento Alianza Nacionalista por la Libertad, un grupo que atentaba contra “la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la tranquilidad social”.
En Venezuela, a Saleh se le acusó de haber falsificado documentos de identidad a venezolanos en Colombia, planear atentados contra ese país y difundir falsas informaciones acerca del entonces gobierno de Hugo Chávez.
En ese entonces, el director para las Américas, de Human Rights Watch, José Vivanco, en su cuenta de Twitter escribió que un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyó que la polémica decisión que tomó el gobierno colombiano de devolverlo a su país fue “violatoria de los derechos humanos”.
De acuerdo con el fragmento del documento que compartió Vivanco: “el país no pudo acreditar cómo, en los procedimiento de expulsión se les garantizaron los derechos a la información de las razones de la detención, a contar con un abogado de su elección, con tiempo suficiente para preparar su defensa y a ser oído por un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención. De la misma forma, el gobierno de Colombia fue omiso en verificar el riesgo que corría Saleh de ser sometido a torturas en su país de origen, con lo que se contraviene el derecho a la no devolución”.
