La abogada Rocío San Miguel aparece en la “orden de operación” de la trama Brazalete Blanco, que tenía como presunto objetivo cometer un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro y causar caos en el país.
Específicamente en las páginas 3 y 5, en donde se indica que la misma “sería la encargada de de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”.
Tal información fue suministrada por el Fiscal General de la República Tarek Willian Saab, quien mostró un video en donde se observan varias evidencias –según señaló– y mostró 18 mapas cartográficos con las coordenadas de instalaciones militares, de la SODI, lo cual pertenece a la reserva de la inteligencia del Estado venezolano, según indicó.
Recordó que al momento de detener al ex militar Anyelo Heredia, se pudo determinar mediante pesquisas en la agenda telefónica del mismo que tenía como contacto a la ciudadana Rocío San Miguel.
Mapas y listados de perfiles militares
Saab precisó que las evidencias encontradas en la residencia de San Miguel son comprometedoras ya que las mismas contienen información que es exclusiva del Estado.
Entre los mapas indicó que había uno de Puerto Cabello y Borburata “aquí vemos demarcadas, a la izquierda la zona de seguridad Comando de la Aviación Naval, y a la derecha, la zona de seguridad de la Base Contraalmirante Agustín Armario. Además podemos ver que tiene resaltadas en verde zonas de interés. Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja, pues se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar”, señaló.
Explicó que se encontraron más de 24 zonas militares demarcadas, incluyendo la zona de seguridad del Palacio de Miraflores, indicando que esto no le corresponde tenerlo una ONG.
“Esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía y cartografía. Nadie puede hacer algo así de nada”, afirmó
Saab dijo que los familiares reconocieron que dichos materiales eran de San Miguel y que la misma tenía un “protocolo” para hacer desaparecer las evidencias en caso de que ella fuera detenida, sin embargo, eso no habría funcionado.
“Ese protocolo se activó al momento de su captura y fue ejecutado por su entono más cercano, que tienen medidas cautelares y están en libertad” , según dijo los equipos habrían “sido trasladados por diversas locaciones tratando de eludir la acción de la justicia”.
Los mismo fueron trasladados “a La Guaira a El Marqués en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero. Fueron a parar después en Guárico. ¿Por qué usted tiene que hacer todo esto?
Otra de las evidencias dijo fue que “había listados y perfiles de los mandos militares del país, y de sus comunicaciones se desprende que posee de todo el personal militar”, dijo agregando que más que una defensora de Derechos Humanos, parece ser un “agente”.
Habría recibido pagos e informado a países europeos
Otra de las aseveraciones de Saab, durante la rueda de prensa del Fiscal es que San Miguel habría recibido pagos de una trasnacional”. Se consiguió un cobro en dólares”, dijo agregando incluso que la misma había suministrado información “a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país”. Agregó “intercambios similares” con embajadas de otros tres países.
El pago que recibió de la trasnacional, dijo, que fue por un “análisis de entorno”.
Señaló que aún continúan las pesquisas. ”Tenía numerosas medidas de seguridad para sus comunicaciones. Por ello, todavía hay varios dispositivos a los que estamos en proceso de tener acceso”, precisó.
Saab también comentó que ”en el tiempo que toca”, los familiares de San Miguel pudieron verla en El Helicoide, por lo que insistió en que no es verdad que el caso de San Miguel sea una ”desaparición forzada”.
Criticó que la oficina en Caracas del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH no debió inmiscuirse en el tema debido a que su carácter era técnico. Comentó que de forma ”extraña” comenzaron a preocuparse por expedientes que estaban vinculados a personas con orden de aprehensión, imputadas, acusadas, incluso, condenadas ”por casos que para nada tiene que ver con los DDHH (…) y queriendo fungir ya como auditores”.
Saab señaló que, entre los expedientes que pidieron, está el del caso de la muerte de Canserbero y Carlos Molnar.
(LNT/Agencias)
