El Gobierno peruano aprobó este lunes sancionar con 15 años de cárcel a quienes bloqueen las carreteras en manifestaciones y 6 años de prisión a quienes colaboren con los disturbios, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El primer ministro informó, en rueda de prensa, sobre el decreto legislativo 1589 que adopta medidas sobre seguridad ciudadana, en el marco de la delegación de facultades legislativas otorgada por el Parlamento.
En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo de modificación del Código Penal plantea hasta 15 años de cárcel para aquellos que cometen el delito de bloqueo de carreteras y, en el caso de que se afecte infraestructura portuaria, área, ferroviaria o de distribución de hidrocarburos, la pena será de entre 8 y 10 años de prisión.
Asimismo, Otárola señaló que aquellos que colaboren con el delito de disturbios serán reprimidos con hasta 6 años de cárcel, donde consideran además a quienes provean de muebles u objetos que faciliten el delito de disturbios, o quienes aporten recursos.
El jefe del gabinete afirmó que es necesario reforzar la tranquilidad pública, tras recordar que esta semana se cumple un año del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, lo cual derivó en su destitución e investigación por los delitos de rebelión y conspiración.
“Existe un intento de tomar y bloquear la zona de Barrio Chino (en la región Ica), se anuncian protestas que son constitucionales siempre y cuando no afecten” las propiedades privadas y la infraestructura, indicó.
Señaló que hay “un grupo de políticos radicales que pretende soliviantar los ánimos” en la zona del Barrio Chino, pero que la Policía Nacional ha logrado reabrir ese tramo de la carretera Panamericana Sur. “Los peruanos requieren trabajar y transportarse y que se asegure su derecho al libre tránsito”, expresó.
Por otro lado, respecto al ataque que sufrió el sábado la mina Poderosa, en la provincia norteña de Pataz, que dejó nueve fallecidos y 13 heridos, Otárola dijo que van a “reforzar todas las medidas para resolver este problema lo antes posible”.
Los ministros del Interior y de Energía y Minas se desplazaron a la zona de explotación de oro para coordinar con las autoridades locales, y ahora el Ejecutivo busca la forma de legalizar a la minería informal que impera en la zona, indicó el primer ministro.
“La responsabilidad (del ataque) es de los asesinos que han ingresado a matar impunemente”, afirmó Otárola.
El jefe del gabinete anunció la designación de un “alto comisionado que nos ayude a formalizar a la minería informal”, dado que el ataque respondió presuntamente a un enfrentamiento desatado por mineros ilegales en el yacimiento operado por la empresa Poderosa.
LNT / EFE
